Con la aprobación de este proyecto se busca evitar o detectar actos delictivos en contra de los ciudadanos.
El hemiciclo acogió el informe de la Comisión Permanente de Interior y Policía que consigna entre otras cosas que el Ministerio Público, a través de la Policía Nacional, es el organismo responsable de la instalación de las cámaras de seguridad, su custodia, así como el uso que se le den a las imágenes y sonidos.
Según informó Elpidio Báez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la cámara baja, se contempla que en una primera etapa se instalarán 26 mil cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos, de acuerdo al mapa de la criminalidad. Se priorizarán el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal.
La iniciativa, que será ahora conocida por el Senado, busca que el sistema de vídeo de grabación sea usado por la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, garantizando los derechos y libertades. De acuerdo al artículo 15 en un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de esa ley, el Consejo Superior del Ministerio Público elaborará el reglamento para su aplicación.
El considerando quinto establece que el Ministerio Público, como encargado de la investigación de los hechos delictivos, puede presentar las pruebas obtenidas ante un juez para fundamentar las acusaciones.