El auge del narcotráfico y la criminalidad, que cobró más de mil vidas durante el año 2010, obligó a que las autoridades adoptaran unas 100 medidas de control para enfrentar y combatir estos males, casi todas discutidas y aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad, que se mantuvo en sesión permanente desde agosto en el Palacio Nacional.
Con el fortalecimiento de las instituciones orientadas a la prevención, la disuasión y la persecución del crimen, así como las áreas de justicia, prisión y rehabilitación, se crearon las condiciones internas para enfrentar la ola de criminalidad, que genera inseguridad y zozobra en la población, como consecuencia de la expansión del tráfico ilícito de drogas y el crimen violento.
El propio presidente Leonel Fernández, en su discurso del 27 de Febrero, fue el primero en reconocer la ineficacia y la participación de altos oficiales policiales y militares en varios de los escándalos de violencia y narcotráfico que se registraron en el año 2010, y que provocaron una justificada desconfianza en la población, que no sólo se sintió desprotegida sino también amenazada, con la inversión del rol que deben asumir los órganos responsables de mantener la seguridad pública.
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