La población carcelaria dominicana será censada en mayo próximo, informó este miércoles la Procuraduría General de la República, que explicó que el II Censo Nacional Penitenciario se realizará en coordinación con la Finjus y otras instituciones.
El censo se realizará entre los días 5 y 17 del referido mes y abarcará los 35 recintos del país, incluyendo los 13 que se encuentran dentro del Nuevo Modelo Penitenciario.
La información fue ofrecida por el procurador Radhamés Jiménez Peña, durante una rueda de prensa en la sede de la institución junto a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Laura Hernández, Defensora Pública, y Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia y Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
Jiménez precisó que la iniciativa es coordinada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Oficina Nacional de Defensa Pública y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
Instruyó a las autoridades del sistema penitenciario nacional para que en lo inmediato tome las medidas de lugar, para que se brinde todas las facilidades al personal que tendrá a su cargo realizar censo.
Los detalles del censo fueron ofrecidos por Castaños Guzmán, quien precisó que la medida procura levantar información sobre las características de la población interna y las condiciones de los centros para la posterior elaboración de una política criminal que integrará la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad.
Dijo que para la realización del censo se distribuirán más de 800 empadronadores en los 35 recintos del país, quienes levantaran los datos de unos 21 internos que guardan prisión por la comisión de distintos delitos.
Explicó que los recursos económicos para cubrir los gastos del personal, unos 70 mil dólares, serán aportados por la Finjus y el Comisionado de Justicia.
Dijo, además, que para realizar la investigación de campo fue contratada la firma internacional Newlink Resaerch.
Recordó que los resultados del primer censo penitenciario, realizado en el año 2006, permitieron identificar los niveles de hacinamiento existentes, así como las condiciones de los internos y de los recintos.
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