SAN SALVADOR, El Salvador (AP) -- Un tribunal salvadoreño condenó a penas de más de 200 años de prisión a un grupo de pandilleros por los delitos de extorsión, homicidio agravado, tráfico de ilícitos en centros penitenciarios y agrupación ilícita.
La Fiscalía General de la República informó que los fiscales de las Unidades Antiextorsiones y de Vida del Ministerio Público lograron que 79 miembros de la pandilla Mirada Locos 13, uno de los grupos criminales que operan en el país, recibieran condenas de entre 20 y 267 años.
Según el reporte, el Juzgado Especializado de Sentencia condenó al pandillero Renán Ernesto Zelaya Romero a 267 años de prisión por homicidio agravado, homicidio agravado tentado, extorsión, tráfico de objetos prohibidos y agrupación ilícita.
Por los mismos delitos, el pandillero José René Mejía Fernández fue condenado a 204 años y otros siete miembros de la misma estructura criminal fueron condenados a penas de entre 103 y 184 años de prisión.
La Fiscalía también logró la condena de Leonel Alexis Vásquez Martínez, subdirector del Centro Penal de la ciudad de San Miguel -135 kilómetros al este de la capital-, quien deberá pasar nueve años en la cárcel por los delitos de tráfico de objetos prohibidos y agrupación ilícita.
Por los mismos delitos fue sentenciado a siete años de cárcel el motorista de ese centro penal, César Augusto Nuila Ayala, a quien se le comprobó que colaboraba con los pandilleros introduciendo a la prisión objetos prohibidos como celulares y drogas.
La investigación contra el grupo criminal comenzó luego de una requisa en el Centro Penal de San Miguel donde se decomisaron grandes cantidades de celulares, drogas y otros objetos utilizados por los reclusos para cometer sus fechorías dentro de la cárcel.
En El Salvador las pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos. Más de 13.000 están presos y según las autoridades están involucrados en la mayoría de los homicidios, el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan y cobran renta a comerciantes del transporte y asesinan a los que se niegan a pagar.
AP