El merenguero Sergio Vargas aclaró su situación sobre las dos propiedades incautadas que dice el expediente elaborado por el Ministerio Público denominado Operación Medusa que está ocupando.
El documento en el que se le imputan supuestos actos de corrupción administrativa al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público consignó que Vargas ocupaba bienes incautados por la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, entre los que se cita a un apartamento y un establecimiento comercial en el Distrito Nacional.
«Lo que tengo es un intercambio que inició con la administración pasada y continúa ahora. El apartamento es como parte del intercambio. Tendría la opción de comprarlo una vez depurado», sostuvo el artista.
Señaló que hace unos cuatro años hizo un acuerdo con la Procuraduría en el que que asumió la tarea de llevarle alegría a los menores que guardan prisión en las cárceles y a cambio de eso se le asignó un apartamento para su uso, y un local comercial que sería usado para un estudio de grabación «para los jóvenes que han reñido con la ley».
Dijo que paga todos los servicios y que firmó un documento para tener la primera opción a compra una vez sea depurada la propiedad o sea el apartamento donde pernocta cuando está en la capital.
Con respecto a la segunda propiedad, Sergio Vargas dijo que había sido devuelta con la llegada de a pandemia del coronavirus.
«Íbamos a hacer un laboratorio/estudio de grabación para esos jóvenes cuando fueran saliendo de la cárcel, para los que tuvieran talento, darles la oportunidad, pero por la pandemia se fue a pique. El local se lo devolví a la procuraduría».
El expediente revela que Sergio Vargas fue beneficiado con la asignación de un bien inmueble en calidad de custodia, el local comercial, Suite 14-A, Segundo Nivel, de la Plaza Fernández, ubicado en la Avenida Winston Churchill.
“Yo no soy un delincuente, ni hago cosas de las que mañana pueda arrepentirme», dijo el artista al periodista Severo Rivera, de Diario Libre que lo abordó sobre el tema.
El intérprete de la “La quiero a morir” y “Marola”, entre otros éxitos manifestó que la Procuraduría General de la República mantiene el acuerdo para sus conciertos, para los cuales solo otorga el permiso.
“Nosotros incurrimos en todos los gastos para llevar nuestra orquesta. Te preguntarás la razón por la que hago eso, pues te comentaré que luego de unas presentaciones que hice en Panamá y en Colombia, en las que actué en cárceles, sentí que debía hacerlo en mi país para de de alguna manera llevarle alegría a quienes se encuentran condenados por algún hecho delictivo”, apuntó el artista, quien reseñó que si se contabiliza lo que cuesta una de esas actividades el costo sería de más de medio millón de pesos por cada actuación.
Reveló que hasta la fecha ha realizado cinco conciertos y uno posterior a la reapertura de las actividades dispuestas por las autoridades sanitaria por la pandemia de la Covid-19, lo que representaría a un monto de tres millones de pesos.
Sergio Vargas reiteró que las actuales autoridades del Ministerio Público renovaron su contrato para las actividades.
“Uso el apartamento para descansar cuando regreso de una actividad en la madrugada, pero no me han regalado nada, pago lo lo acordado religiosamente. Yo no he violado ninguna legislación al tener en custodia un bien inmueble incautado por las autoridades, algo muy común en este país”, apuntó.
Al referirse el local comercial manifestó que tenía el interés de aprovechar el talento de jóvenes que cumplen condena y otros que están a punto de salir, que le manifestaron su interés en incursionar en el canto, pero que por la pandemia el proyecto no se concretó.
“Yo tengo mi conciencia tranquila porque no he violentado ninguna ley. Observa que aparece mi nombre porque entiendo que lo que hice no es violatorio a nada”, sentenció el ganador del Grammy Latino, quien en los próximo días celebrará con un concierto el 35 aniversario de su carrera.
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