La comunicadora Caro Brito reveló este lunes que recibió la visita del Ministerio Público tras la implicación de su jefe, el empresario Gabriel Santana Borsilea, en la Operación Búho por el desfalco de unos 2,500 millones de pesos a la Cooperativa de Ahorros y Crédito de Herrera (Coop-Herrera).
«A mí me visitó la magistrada, fue muy respetuosa… me hicieron unas cuentas preguntas», explicó.
Brito indicó además que su intención no es entorpecer el proceso legal que lleva a cabo el Ministerio Público y no descartó que más adelante vuelva a ser abordada por ellos.
«No podemos obstaculizar la investigación de ninguna manera», agregó.
La modelo colombiana afirmó también sentirse mal por la situación que atraviesa su antiguo jefe.
«Me siento mal por el señor Gabriel Santana, porque no me voy a burlar de su situación, ahora bien, lo mal hecho está mal hecho», concluyó.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Alofoke Radio Show.
Más información sobre el caso
El Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados durante la Operación Búho por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones y que se declare el proceso de tramitación compleja.
Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
Durante la operación puesta marcha el miércoles, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
La solicitud de medida de coerción señala que los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
El operativo movilizó más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales.
Via Hoy Digital
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