SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, los diputados Orlando Espinosa, del Partido de la Liberación Dominicana, y Rafael Tomás Botello Solimán, del Partido Reformista Social Cristiano, aceptaron gustosos que la colega Magda Rodríguez le pusiera en la solapa el lazo blanco que identifica la celebración.
El otro yo de estos doctores Merengue deben haberle sacado la lengua a la diputada Rodríguez. Ambos diputados son maltratadores de sus respectivas esposas, hechos por los que han sido denunciados inicialmente ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional, Espinosa, y en la de la Romana, Botello Solimán. Dada la jurisdicción privilegiada de que ambos gozan, sus expedientes se encuentran ahora en el despacho de la procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes.
De acuerdo con las informaciones disponibles, Espinosa, representante de San Cristóbal, hizo galas de su violencia cuando fue citado por la Unidad de Violencia de Género ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, en Bella Vista. Lejos de mostrarse arrepentido, el legislador peledeísta habría amenazado a un fiscal adjunto y tratado de golpear nuevamente a su mujer.
Esta había depositado una querella por violencia en la que narra que fue golpeada hasta quedar inconsciente y que Espinosa intentó matarla con su pistola, lo que fue impedido por la oportuna intervención del guardaespaldas del legislador.
El caso de Botello Solimán no es distinto. Se le acusa de retención ilegal de una hija de ambos de la casa de su ex mujer, hecho que desató un conflicto durante el cual agredió a la madre de la menor. La retención de la menor, de acuerdo con la magistrado, complica aún más la acusación de violencia que pesa sobre el legislador.
Reyes confirmó que ya tramitó la citación de los dos legisladores para que acudan a su despacho en un plazo que no precisó, pero del que dijo que es breve. Dijo que estudia los expedientes para decidir, después de escuchar a los agresores, si solicita medidas de coerción contra ambos.
De comprobarse las denuncias, dijo la procuradora adjunta, se apoderará a la Suprema Corte de Justicia, que designará a un juez de Instrucción Especial.
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